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Noticias 06 Jul 2026
Chile lleva décadas respondiendo a sus catástrofes con la misma lógica: actuar una vez que ocurren, conseguir recursos a contrarreloj y reasignar presupuesto o subir impuestos. Una respuesta reactiva, costosa y poco eficiente para un país altamente expuesto a desastres.
El terremoto del 2010 costó al fisco US$5.922 millones, según el Ministerio de Hacienda. Los incendios de Valparaíso en 2024, otros US$500 millones, según Clapes UC. Pero el costo fiscal es solo una parte del problema: a casi dos años del incendio, la reconstrucción en Valparaíso no superaba el 53%. La pregunta, entonces, no es si habrá una próxima catástrofe, sino cuánto demorará el país en ponerse de pie cuando ocurra y de dónde sacará los recursos.
La infraestructura pública crítica de Chile —establecimientos de salud, educación y organismos esenciales— supera los US$6.500 millones en valor y prácticamente no tiene seguro. Solo un tercio de las viviendas cuenta con cobertura en caso de incendio. El Estado sigue financiando la reconstrucción principalmente con reasignaciones presupuestarias, lo que implica demoras, sobrecostos y una recuperación desigual entre regiones.
Ese diagnóstico tiene una base concreta. En 2022, Itrend desarrolló un Catastro de Infraestructura Pública Crítica que relevó que casi la mitad de los 14.177 activos catastrados —escuelas, hospitales, sedes judiciales y organismos públicos— son de albañilería, y casi un cuarto de madera, materiales especialmente vulnerables frente a incendios si no cuentan con los estándares de construcción apropiados. La evidencia muestra una fragilidad evidente: que Chile enfrenta desastres cada vez más costosos con infraestructura expuesta y con muy poca protección financiera.
Frente a ese escenario, el país necesita acelerar el desarrollo de herramientas que permitan anticipar financiamiento y reducir la improvisación después de cada catástrofe. Un ejemplo son los seguros paramétricos, que activan pagos cuando se cumple un parámetro objetivo —como la magnitud de un sismo o la intensidad de una lluvia— y pueden agilizar significativamente los procesos de liquidación. En Chile, este mercado recién comienza a desarrollarse, tras la dictación de una normativa específica en 2025. A nivel estatal, el país ya ha explorado esta lógica con un acuerdo con el Banco Mundial para terremotos, con cobertura de hasta US$630 millones. El desafío ahora es avanzar en soluciones aplicables a riesgos como incendios e inundaciones, y llevar estas herramientas a una adopción efectiva.
Los seguros de incendio para viviendas son otra línea de protección todavía subutilizada. Cada hogar asegurado permite reducir la presión sobre el presupuesto fiscal, facilitar la recuperación patrimonial de las familias y tener una respuesta más rápida después de una emergencia. La ayuda pública es indispensable, pero debe complementarse con mecanismos de protección financiera que distribuyan mejor los costos de la reconstrucción.
Desde la Asociación de Aseguradores hemos planteado propuestas concretas: asegurar la infraestructura pública crítica, desarrollar el mercado de seguros paramétricos y crear incentivos tributarios que permitan ampliar la cobertura de incendios en hogares. En la primera de esas líneas, existe ya un trabajo técnico desarrollado junto a Itrend, orientado a entregar herramientas para que el Estado pueda evaluar la pertinencia de contratar seguros que cubran la reparación de infraestructura crítica tras un desastre.
El desafío que tenemos como país es pasar del gasto reactivo a la planificación financiera del riesgo. Anticipar es también proteger la capacidad del país para recuperarse.
*Las opiniones vertidas en esta entrevista no representan necesariamente la opinión de Itrend*
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